Cámaras inteligentes, lectores automáticos de placas, reconocimiento facial, drones y programas capaces de redactar informes ya forman parte del trabajo policial en varias comunidades. En Mercer County, una red de vigilancia supera las 500 cámaras, mientras crece el debate sobre privacidad, costos, precisión y supervisión pública.
La policía de Nueva Jersey amplía el uso de inteligencia artificial y cámaras de vigilancia sin normas estatales generales. Conozca cómo funciona en Trenton y Mercer County, sus beneficios y sus riesgos.
La inteligencia artificial ya no es una posibilidad futura para las agencias policiales de Nueva Jersey. En distintas partes del estado se utiliza para revisar grabaciones, comparar rostros, leer placas de vehículos, preparar informes y analizar grandes cantidades de información. Sin embargo, esa expansión ocurre sin una política estatal general que establezca de forma clara qué herramientas pueden emplearse, durante cuánto tiempo se pueden conservar los datos y quién debe vigilar su uso.
La situación tiene especial importancia para Trenton y Mercer County. La Fiscalía del Condado de Mercer puso en marcha en 2022 un programa de vigilancia que ahora cuenta con más de 500 cámaras. Muchas incluyen lectores automáticos de matrículas y están ubicadas principalmente en zonas identificadas como puntos de criminalidad, lugares con riesgo de violencia, eventos comunitarios e infraestructura considerada crítica. De acuerdo con información ofrecida por la Fiscalía al New Jersey Monitor, el sistema utiliza tecnología de la empresa Packetalk y continuará ampliándose.
Para las autoridades, estos sistemas pueden ayudar a reconstruir recorridos, localizar vehículos y responder con mayor rapidez cuando ocurre un delito. El alcalde de Trenton, Reed Gusciora, ha defendido el uso de las cámaras y ha relacionado el crecimiento de la red de vigilancia con la fuerte reducción de homicidios registrada en la ciudad desde 2020. Su posición es que el riesgo de la violencia representa una preocupación más inmediata que la presencia de cámaras en las calles.
Pero esa explicación no elimina las preguntas que plantean defensores de las libertades civiles: ¿quién puede acceder a las imágenes?, ¿cuánto tiempo permanecen almacenadas?, ¿se necesita una orden judicial para buscar los movimientos de una persona?, ¿pueden compartirse los datos con otras agencias? y ¿qué mecanismo existe para corregir una identificación equivocada?
Nueva Jersey todavía no tiene límites generales
La Oficina del Fiscal General estatal recibió comentarios del público sobre el reconocimiento facial en 2022, pero posteriormente no publicó una guía específica. Desde mayo de 2025, legisladores han presentado dos veces una propuesta para estudiar el uso de inteligencia artificial en el trabajo policial, aunque la medida no ha avanzado.
Esta semana también se introdujeron dos proyectos relacionados con los lectores automáticos de placas. Uno busca restringir su utilización por parte del gobierno y prohibir ciertos usos privados; el otro pretende limitar el tiempo durante el cual puede conservarse la información recopilada. Hasta ahora, ninguna de esas iniciativas constituye una regulación estatal completa sobre inteligencia artificial aplicada a la seguridad pública.
La oficina de la fiscal general Jen Davenport aseguró que trabaja en un modelo de supervisión estatal para que la evaluación y aplicación de estas tecnologías por parte de las agencias policiales sea ética, constitucional y justa. No obstante, todavía no se ha anunciado cuándo se publicarán esas reglas ni cuáles serán sus requisitos concretos.
La ausencia de instrucciones también preocupa a algunos jefes policiales. Un departamento podría firmar un contrato de varios años y, meses después, recibir una orden estatal que prohíba utilizar el producto, aunque la obligación de pagarlo continúe. Para agencias pequeñas y medianas, una decisión de ese tipo puede representar una carga considerable para el presupuesto municipal.
Un experimento costoso que no resolvió un caso antiguo
Middle Township, en Cape May County, probó una herramienta de inteligencia artificial en la investigación de la desaparición de Mark Himebaugh. El niño tenía 11 años cuando desapareció en noviembre de 1991, después de caminar por su calle para observar a bomberos que atendían un incendio de vegetación.
En 2023, el departamento colaboró con la empresa Terawe con la esperanza de encontrar relaciones o pistas que los investigadores humanos no hubieran detectado. El jefe policial Tracey Super explicó posteriormente que la tecnología funcionó principalmente como un buscador conectado a una base de datos. Resultó útil para organizar información, pero no produjo el avance que permitiera resolver la desaparición.
La compañía ofreció una prueba gratuita durante un año. Cuando terminó ese periodo, continuar con el servicio habría costado aproximadamente $30,000 mensuales. Middle Township tiene cerca de 55 agentes y atiende a una población de alrededor de 20,000 habitantes, por lo que mantener el programa habría consumido una parte difícil de justificar de sus recursos.
Ese ejemplo resume una de las principales inquietudes: los departamentos pueden terminar actuando como campos de prueba para productos caros antes de que exista evidencia independiente de que realmente reducen el crimen o permiten resolver más investigaciones.
Desde informes policiales hasta drones y reconocimiento facial
Pese a las dudas, otras agencias han avanzado con rapidez. Departamentos de Mount Holly y otras localidades, además de la Oficina del Sheriff de Morris County, han usado un programa de Code Four que analiza grabaciones de cámaras corporales y genera borradores de los informes de incidentes.
En Paterson, la policía recurrió a una herramienta de Truleo para revisar videos de cámaras corporales y evaluar si los agentes actuaron profesionalmente. Camden County y Newark han incorporado drones a sus sistemas de vigilancia. Detectives de diferentes jurisdicciones también han utilizado reconocimiento facial para comparar imágenes captadas por cámaras de seguridad con bases de datos.
En Pennsauken, un perro robótico fue enviado al interior de una vivienda donde posteriormente se encontraron dos personas fallecidas en un aparente asesinato-suicidio. Aunque un robot de este tipo no representa por sí solo inteligencia artificial en todas sus funciones, su utilización refleja el crecimiento de tecnologías automatizadas dentro de operaciones policiales de alto riesgo.
Los programas que redactan informes prometen ahorrar horas de trabajo, pero generan otra discusión. Un reporte policial no es simplemente un resumen de todo lo que aparece en un video: debe reflejar lo que el agente observó, pensó y consideró relevante en el momento de tomar una decisión. Si un sistema agrega detalles que el oficial no tuvo presentes durante una detención, esa diferencia podría resultar importante posteriormente en un tribunal.
Privacidad, errores y confianza pública
Los lectores automáticos de placas registran mucho más que una matrícula. Dependiendo del ángulo y la calidad de la imagen, también pueden captar parte del vehículo, a sus ocupantes, calcomanías y la ubicación exacta en una fecha determinada. Al combinar miles de registros, una agencia podría reconstruir los desplazamientos de alguien durante días o semanas, incluso si esa persona nunca fue acusada de cometer un delito.
El reconocimiento facial presenta riesgos adicionales. Casos de identificaciones incorrectas y arrestos indebidos han provocado litigios y pedidos de mayor transparencia. En decisiones relacionadas con casos de 2023 y otro resuelto en junio, la Corte Suprema de Nueva Jersey determinó que la policía y los fiscales deben revelar con mayor detalle cómo funciona la tecnología y de qué manera fue utilizada durante una investigación.
También existe preocupación por los sesgos. Muchos sistemas aprenden de información histórica. Si los datos originales reflejan prácticas desiguales de vigilancia o arrestos concentrados en ciertas comunidades, la tecnología puede repetir y ampliar esos patrones en lugar de eliminarlos.
El proveedor utilizado en Mercer County, Packetalk, también ha enfrentado controversia. En 2023, autoridades federales acusaron a su propietario de vender equipos de fabricantes chinos prohibidos por una ley federal de defensa. Los cargos fueron retirados posteriormente sin una explicación pública. El episodio llevó a Passaic County a intentar recuperar $13 millones pagados por productos tecnológicos de la compañía. La eliminación de los cargos significa que no hubo una condena, pero el caso reforzó las preguntas sobre contratación, revisión de proveedores y responsabilidad fiscal.
La tecnología puede ayudar, pero no debe decidir sola
La inteligencia artificial también ha demostrado usos prácticos. La Oficina del Defensor Público estatal lanzó una base de datos desarrollada por Princeton University que permite buscar en segundos años de escritos, mociones, investigaciones y materiales de capacitación. El sistema judicial dispone de otra herramienta para resumir, localizar y revisar documentos legales. En estas aplicaciones, la IA ayuda a organizar información, mientras profesionales humanos conservan la responsabilidad de verificar el resultado.
Ese podría ser el principio que guíe su utilización policial: emplear la tecnología como apoyo, no como sustituto del criterio de un agente, un investigador, un abogado o un juez. Para lograrlo, se necesitan reglas sobre auditorías, precisión, conservación y eliminación de datos, órdenes judiciales, acceso entre agencias, contratación pública y notificación a las comunidades.
Para los residentes de Trenton y Mercer County, el debate no se reduce a escoger entre seguridad o privacidad. Las dos son responsabilidades del gobierno. Una red de cámaras puede contribuir a una investigación y, al mismo tiempo, requerir límites que impidan búsquedas injustificadas o el seguimiento de personas inocentes.
Mientras Nueva Jersey prepara posibles normas estatales, la expansión tecnológica continúa. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial llegará al trabajo policial, porque ya está presente. La cuestión pendiente es quién establecerá sus límites, cómo se demostrará que funciona y qué garantías tendrá el público cuando una máquina se equivoque.
Fuente consultada: Reportaje de Dana DiFilippo para New Jersey Monitor, publicado el 17 de septiembre de 2026. Redacción original en español para Somos Latinos.